Amnistía Internacional alerta de las consecuencias para las libertades sociales que puede tener las decisiones del Gobierno de París sobre el estado de emergencia
El miedo tras los atentados en París ha sepultado la longeva tradición de debate en Francia, un país que acaba de adelantar por la derecha a varias naciones en las que las libertades individuales sufrieron serias limitaciones recientemente. En marzo, tras el ataque contra Charlie Hebdo, el gobierno socialista ya sacó adelante la Loi de Renseignement, una norma que copia la famosa Patriot Act estadounidense y que tumba todas las puertas legales que regulan la labor de los servicios de inteligencia.
Siguiendo los pasos de George Bush tras los atentados del 11 de septiembre, el ejecutivo de François Hollande está preparando una batería de leyes y cambios constitucionales que podrían apuntalar el estado de emergencia decretado la noche de los atentados del 13 de noviembre, una medida excepcional con una duración legal de 12 días como máximo. Si los esfuerzos del Gobierno prosperan, Francia prolongará el estado de emergencia tres meses. Las consecuencias ya están surtiendo efecto: manifestaciones prohibidas en todo el territorio -con la Cumbre del Clima en París a la vuelta de la esquina-, registros domiciliarios sin autorización judicial y el fantasma del control de los medios de comunicación sobrevolando las principales redacciones del país.
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