La comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid abordará a partir de marzo el caso del espionaje al ex consejero Alfredo Prada, en el que están involucrados mandos policiales.
Los escándalos de corrupción que llevaron a dimitir a Esperanza Aguirre de su puesto de presidenta del PP madrileño este domingo son conocidos al menos desde 2008. El espionaje a costa del erario público de adversarios políticos, como los vicepresidentes Francisco Granados o Ignacio González; el ático de González o las relaciones entre el empresario David Marjaliza y Granados cayeron en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hace más de cinco años con muy pocos resultados.
Sin embargo, según están demostrando las investigaciones de la Guardia Civil sobre la trama Púnica, detrás de todos ellos se esconde una estrecha relación entre mandos policiales – los comisarios Carlos Salamanca, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño-, políticos del PP de Madrid como Francisco Granados y empresarios, como el consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, cuya casa fue registrada por la Unidad Central Operativa (UCO) la pasada semana.
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