La justicia francesa ordenó los primeros derribos en el asentamiento de 3.500 personas sin otra alternativa viable que unos barracones ya saturados.
Al final ocurrió lo que las autoridades francesas querían evitar: las imágenes de antidisturbios y personal especializado desmontando las chabolas de la zona sur del asentamiento de Calais, donde una población flotante de unas 3.500 personas vive en espera de dar el salto al Reino Unido. El ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, había hablado de un desalojo de baja intensidad (si tal cosa es posible) después de que un tribunal autorizara el jueves 25 el desmontaje gradual del campamento.
Para los activistas de Calais Solidarity Movement, una red por la libertad de movimiento con presencia en el propio asentamiento, el Gobierno francés “quiere un desalojo apto para todos los públicos y han prometido que no habrá bulldozers”, informaban en una primera crónica en inglés del sábado 27, dos días después del veredicto.
La realidad: 55 furgones de antidisturbios, tanques de agua y de gas, personal de demolición con bulldozers y palanquetas, vecinos subidos a los tejados de sus chabolas. Ya se han convocado las primeras protestas en Londres, París (el martes y una manifestación el viernes 4), Nantes y Génova.
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