el 28 de noviembre de 1975, representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia se sentaron a la mesa de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional para fundar el Plan Cóndor, una especie de Mercosur de la muerte, un acuerdo internacional secreto para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles. Más de 40 años después, la Justicia argentina acaba de reconocer por primera vez la existencia de esta asociación ilícita criminal y ha condenado, en un fallo histórico, a algunos de sus miembros a entre 8 y 25 años de prisión.
"Es una sentencia que marca un hito, porque es la primera vez que se juzga la estructura delictiva formada por los Estados para reprimir y matar", explica Luz Palmás Zaldúa, abogada de una de las querellas.
El fallo ha llegado tarde, en cualquier caso, para que lo oyeran desde el banquillo los máximos responsables del Plan Cóndor: el dictador chileno Augusto Pinochet, el argentino Rafael Videla, el boliviano Hugo Banzer, el paraguayo Alfredo Stroessner y el uruguayo Juan María Bordaberry. Todos ellos están muertos. Solo uno de ellos fue condenado en vida, los demás jamás tuvieron que responder por las atrocidades que cometieron.
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