Las políticas migratorias de la Unión Europea (UE) y de sus diferentes Estados miembros responden principalmente a motivos económicos y el Estado español no es una excepción. Actualmente y desde hace algunos años, debido a la crisis económica que planea sobre la UE, la consigna aparentemente ha sido cerrar a cal y canto las fronteras exteriores de la fortaleza europea para que el otro, la diferente, el extraño, la desconocida, la desechable y, últimamente, el bárbaro, no consiga entrar en nuestros países. Esto no siempre ha sido así, ya que cuando hemos necesitado mano de obra barata, como por ejemplo en el boom del ladrillo español, el control de las fronteras y de la estancia de las personas migrantes ha sido mucho más laxo y se han fomentado desde los Estados del “club Schengen” situaciones de ilegalidad y explotación para no frenar el crecimiento económico.
Ahora, en época de crisis económica, desde los Estados europeos no se agradece ni se cuida a las personas migrantes cuya mano de obra barata antes tanto necesitábamos sin importarnos lugares de origen, ni credos, ni etnias. Además en un ejercicio de “solidaridad a la europea”, las políticas migratorias de la UE se basan por un lado, en deportar a esas personas que hicieron crecer el capital y, por otro lado, con la militarización de las fronteras, impiden la entrada a nuestros países a las personas que, en un ejercicio de supervivencia, huyen de la guerra, la miseria y la persecución.

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