Los Estados miembro e instituciones de la UE han ratificado en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nueva York y la financiación del desarrollo de Addis Abeba, comprometiéndose a cumplir con la nueva Agenda 2030 y la necesidad de “ir más allá de la AOD”, para lo que afirman que van a tratar de ayudar a reorientar los ingresos nacionales, las inversiones extranjeras y los flujos financieros internacionales a estos nuevos objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Europa se compromete con esta revisión parcial de las propuestas de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y trata de compatibilizarla con su agenda neoliberal capitalista, que sigue otorgando poder económico y jurídico a las empresas transnacionales[1], y que es profundamente insolidaria con el bienestar y desarrollo de los países del Sur. Algo no casa.
Esta Agenda 2030 no es suficiente, ya que no se centra en el combate de las desigualdades, y porque la agenda económica, comercial y financiera está en contradicción con los ODM/ODS. La redefinición de la gobernanza global sigue apostando por las alianzas público-privadas y las grandes empresas transnacionales, lo cual imposibilita avanzar en el desarrollo y los derechos humanos de los países empobrecidos. La solidaridad entre los Estados miembros y con los terceros países está en horas bajas, y el proyecto político de la UE está cuestionado desde diferentes sectores. La propia ciudadanía no siente la Unión como algo propio.
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