La situación social y política en México va deteriorándose y agudiza las contradicciones internas de todo tipo. Para su edición del 5 de junio, la revista Proceso contabilizaba “256 conflictos sociales irresueltos en el país, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas”. Señalaba además que el gobierno de Peña Nieto “legitimó el uso de la represión, buena parte de la violencia en los conflictos sociales proviene del gobierno, las ‘reformas’ del peñanietismo detonaron 52 movimientos de repulsa y las detenciones de opositores se duplicaron”.
La criminalización de la protesta social tiene distintas facetas represivas, incluyendo la violencia selectiva contra dirigentes o miembros de organizaciones sociales: amenazas, hostigamiento, agresión, asesinatos, prisión, desaparición y asesinatos.
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