La isla de Puerto Rico, que forma parte de la Commonwealth de Estados Unidos, se hunde bajo el peso de una deuda insostenible de casi 73.000 millones de dólares. Su estatuto neocolonial le impide reestructurar su deuda y protegerse de los acreedores rapaces que ya han comenzado a asegurar sus posiciones, maniobrando en la sombra, con el fin de que Washington tome las «buenas» decisiones que pondrán a la población de la isla de rodillas. Sin embargo una comisión de auditoría de la deuda está revelando que una gran parte de la deuda pública de Puerto Rico se emitió en contradicción con la constitución y podría calificarse de ilegal frente al derecho de Estados Unidos.
Estados Unidos hizo de Puerto Rico un paraíso fiscal para sus empresas, que se benefician de mano de obra barata. Puerto Rico ofrecía una exención total de tasas a las empresas estadounidenses basadas allí y la posibilidad de repatriar las rentas a la casa matriz sin que pagasen tasas las filiales de empresas basadas en Estados Unidos. Pero esta ventaja fiscal, de la que se beneficiaba un gran número de empresas, terminó en 2006 por decisión del Gobierno federal, lo que hizo que abandonasen el país muchas empresas, los inversores y por lo tanto los empleadores.
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