A 18 años de la catástrofe ambiental en la explotación de metales de Aznalcóllar, la Junta apuesta por su reapertura.
La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.
De fondo, las pasadas elecciones andaluzas de 2015 y las prisas por parte de la Junta para acelerar la adjudicación, tal como denuncian los ecologistas. Uno de los grupos personados como acusación, Ecologistas en Acción, pedía el 20 de octubre el “cese inmediato” de la exdirectora general de Minas, viceconsejera de Empleo de la Junta desde septiembre. El caso volvía a tocar a las más altas instancias de la Junta.
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