El 27 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución para iniciar negociaciones el 2017 con el objetivo de conseguir un tratado de prohibición de las armas nucleares. En la resolución, la Asamblea General decide celebrar el próximo mes de marzo una conferencia en la ONU para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y que lleve a su total destrucción; y anima a todos los Estados a participar. La resolución se acordó con 123 votos a favor, 38 en contra (España fue uno de ellos) y 16 abstenciones.
No todos los estados nucleares han votado en contra de la resolución. China, India y Pakistán se han abstenido y Corea del Norte ha votado a favor. El resto de estados nucleares, Israel, Gran Bretaña, Francia, EEUU y Rusia, han votado en contra. Los cuatro últimos justifican su voto negativo aduciendo que una iniciativa de este tipo debilitaría los mecanismos existentes de desarme y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Un argumento falaz ya que, por ejemplo, en la última reunión de revisión del TNP (2015) fueron los EE.UU., Gran Bretaña y Canadá quienes impidieron un acuerdo para impulsar decididamente el desarme nuclear. En la justificación del voto negativo a la resolución de la ONU añaden, para más escarnio, que "un esfuerzo para prohibir las armas nucleares tendría consistencia si todos los estados nucleares estuvieran dispuestos a participar". Pero precisamente ellos son estados nucleares y precisamente ellos rechazan la iniciativa. La decisión de participar o no es exclusivamente suya. El resto de estados nucleares, China, India, Pakistán y Corea del Norte, no se han opuesto a la iniciativa.
El voto negativo de España obedece a su seguidismo como estado miembro de la OTAN. Una razón más, pues, para rechazar la permanencia de nuestro país en la Alianza Atlántica.
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