M., vecino de Hospitalet de Llobregat, en España, fue despedido. Está casado y tiene una hija. La crisis. Agotó el subsidio de desempleo y luego sólo logró una pensión de 300 euros por sufrir depresión al no encontrar trabajo. No podía pagar el alquiler y ocupó con su familia un piso vacío de protección oficial en el municipio citado. El piso ocupado era propiedad de la Generalitat de Cataluña, que, lamentablemente, actuó como cualquier empresa privada a la búsqueda de beneficios. Adigsa, empresa pública que administra pisos de protección oficial, le pidió 9.000 euros a M. por alquileres y, como no podía pagar, le anunciaron que lo desahuciarían, que lo echaban a la calle, vamos.
M. pidió un mes de demora, pero le dieron la callada por respuesta, entonces fue al ayuntamiento de l’Hospitalet y pidió que los alojaran en un albergue, porque en la calle hacía mucho frío. No le atendieron. Un día antes del desahucio, a las cinco de la tarde, M salió de su casa con una cuerda al hombro y se ahorcó en el parque de las Setas del barrio del Gornal en Hospitalet de Llobregat.
¿Hay alguna razón digna de ser escuchada para que la propiedad sea prioritaria sobre el derecho a la vivienda y a la vida digna?
En la confrontación entre poder económico y derechos humanos de la gente, hay que estar con la gente. Otra opción sería ser cómplice de una injusticia repugnante y del desastre que nos amenaza.
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