Han pasado más de cinco años desde que el expresidente peruano Ollanta Humala promulgara la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que obliga a preguntar a las comunidades indígenas sobre la viabilidad de todos los procesos que se realicen en sus territorios.
Sin embargo, tanto la implementación de la ley como el desarrollo de los procesos de consulta –27 entre los culminados y los que están en curso– y la integración del sujeto indígena como sujeto político activo en la agenda nacional no se han dado por el camino que se esperaba. Hablamos con Patricia Balbuena, ex viceministra de Interculturalidad, y Vanessa Schaeffer, abogada ambientalista de Cooperacción, una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos colectivos.
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