Hoy, 23 de enero de 2017, Marruecos está dando otra patada a la legalidad internacional con la celebración de un juicio contra 21 presos políticos saharauis (inicialmente eran 25) en relación con los sucesos de Gdeim Izik (2010)1, campamento de protesta levantado por los saharauis de los territorios ocupados donde se inició la fallida ‘primavera árabe’.
Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determina que Marruecos carece de legitimidad sobre territorios allende sus fronteras reconocidas y que el Sahara no está entre ellas, estableciendo la prohibición de incluir productos saharauis en el acuerdo comercial comunitario con Marruecos.
¿Qué hace el Estado español para cumplir esa sentencia y que no se descargue en sus puertos aceite de pescado embarcado en los territorios ocupados de El Aaiún, por ejemplo?
Igualmente, la incapacidad de la ONU para imponer a Marruecos la celebración del referéndum de autodeterminación, aprobado mediante el Plan de Paz de 1990, deja en evidencia a la llamada comunidad internacional, que nos acostumbra a hacer la vista gorda con regímenes donde se vulneran a diario los derechos humanos de sus pueblos, como México y Marruecos, que también se caracterizan por ser narcoestados.
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