Estamos a menos de una semana del referéndum del 1 de octubre en Catalunya que, se celebre o no y sea o no un referéndum o una movilización, va a marcar un antes y un después en la estructura del Estado a la cual no somos indiferentes el resto de la ciudadanía.
En primer lugar porque los últimos acontecimientos, así como la respuesta judicial y represiva amenazan con retrotraer nuestros derechos y libertades a épocas anteriores.
El derecho de autodeterminación, que ampararía la realización de un referéndum, estaba incluido en todos los programas de la izquierda durante el anti-franquismo y es un derecho colectivo ampliamente reconocido. Derecho de autodeterminación no sólo en el caso de las antiguas colonias sino en el de territorios anexionados en épocas pretéritas; un caso paradigmático sería Irlanda. Las nacionalidades históricas españolas tales como País Vasco, Catalunya o Galicia entrarían en esa categoría, incluso posiblemente una región tradicionalmente maltratada como Andalucía.
Pues bien, en las negociaciones pactadas que dieron lugar a la Constitución, ese derecho no se incluyó. Podría haberse hecho pero no se hizo, invocando para ello la premura de sancionar una Constitución que diera por finalizada la Transición y proporcionara cierta estabilidad. Desde entonces han pasado casi 40 años y el tema no se ha resuelto. Acudir ahora a que la Constitución no lo reconoce es una obviedad, pero hay que preguntarse por qué. Y la respuesta está en las transacciones y debilidades de la Transición, no en que de suyo sea inconstitucional.
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