El recrudecimiento de la violencia en Myanmar (Birmania) obligó a más de 18.000 rohinyás a huir en menos de una semana, denunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El movimiento comenzó cuando el gobierno de ese país de Asia sudoriental lanzó “operaciones de limpieza” tras los ataques contra los puestos de seguridad el 25 de agosto por el grupo armado Ejército de Salvación de Rohinyá Arakán (ARSA), que dejaron casi 110 muertos.
El gobierno hace tiempo que cuestiona el estatus del pueblo rohinyá como ciudadanos birmanos, les ha restringido el movimiento y los ha excluido de los servicios sociales, dejando a la mayoría sin Estado y empobrecidos.
El alto comisionado para los Derechos Humanos describió a la comunidad rohinyá como una de las más “excluidas, perseguidas y vulnerables del mundo”.
El presidente del Centro de Ginebra para los Derechos Humanos, Hanif Hassan Ali Al Qassim, urgió al gobierno birmano a prevenir las violaciones de derechos humanos contra la población civil en el marco de la actual escalada del conflicto militar.
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