Las deficiencias y la falta de voluntad política para agilizar y mejorar el proceso son alarmantes.
A un año de firmados los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, son reducidos los avances en términos de su implementación. Esta situación ha motivado a diferentes sectores a movilizarse en contra del gobierno de Juan Manuel Santos, al que achacan el incumplimiento de lo acordado y del que reclaman mayor coherencia frente a las políticas que están (o no) en marcha, en particular, frente a la lucha contra las drogas ilícitas y la protección a líderes sociales, de derechos humanos y políticos.
En este momento álgido se levantan protestas en todo el país. El paro ha empezado por el sur de Colombia, una de las regiones más afectadas por las nuevas conflictividades. “El incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada”, el “estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito” –referido al punto del problema de drogas ilícitas– y “la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha” fueron las principales motivaciones de las asociaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y los Territorios, así como de Anzorc [1], Coccam [2], Fensuagro [3], Conpi [4], Conafro [5] y Marcha Patriótica para iniciar el paro nacional indefinido desde el 23 de octubre.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada