La legislación, de la época franquista, otorga a las empresas la posibilidad de extraer del subsuelo sin necesidad de ofrecer ninguna contrapartida a las administraciones.
Cuando Fernando VII firmó el primer Real Decreto en 1816 sobre las aguas minerales, muy pocos podrían imaginarse el curso que seguirían antes de desembocar en el escenario actual: un negocio anual de cerca de mil millones de euros, explotado en buena parte por empresas multinacionales que, además de contar con ayudas públicas en forma de subvenciones y préstamos, no aportan beneficios relevantes a las instituciones propietarias del terreno donde manan las aguas. Los impuestos medioambientales son casi inexistentes y en ocasiones incumplen los parámetros recomendados por los organismos internacionales de salud, en cuanto a la presencia de elementos contaminantes en la composición de las aguas.
En España están reconocidos oficialmente 166 manantiales de agua mineral, de los cuales más del 95% son explotados por entidades privadas, la mayoría multinacionales del sector de la alimentación. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 5,1% en el último año, mientras que el valor del mercado aumentó un 6,1%.
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