Las ciencias jurídicas y políticas occidentales enseñan que una Asamblea Constituyente es un acto (reunión) de ciudadanos “notables” para organizar un Estado y consensuar las reglas básicas de convivencia social (Constitución Política). Así nacieron las bicentenarias repúblicas criollas latinoamericanas, a inicios del siglo XIX.
Lo absurdo fue que los “notables” redactores de dichas constituciones políticas (a espaldas de las grandes mayorías), establecieron “artículos pétreos” (inmodificables), especialmente en relación al cómo y qué debería de modificarse en dichas leyes madres.
De esta manera, casi todas las constituciones políticas latinoamericanas son rígidas al poseer “candados” (para evitar su fácil modificación) cuyas “llaves” las resguardan los ciudadanos plenos (los ricos).
A inicios del presente siglo, pueblos insubordinados como Venezuela, Ecuador y Bolivia, al ver que los ricos se banqueteaban las riquezas de los pueblos, incluso utilizando estructuras del Estado corrupto y sus leyes, decidieron romper dichos “candados” constitucionales, y mediante el ejercicio de la soberanía popular desde las calles, emprendieron inéditos caminos de procesos constituyentes.
Los ricos y sus capataces (analistas, intelectuales, periodistas), al ver que dichos procesos constituyentes caminaban en serio, comenzaron a recriminar a los insubordinados acusándolos que dichos procesos eran: “caminos suicidas e irresponsables”, “que eran rompimiento del orden constitucional”, “que eran antidemocráticos y llevarían a los países al desastre total”. Pero, el sistema neoliberal ya había hecho demasiados desastres socioeconómicos en dichos países, y los pueblos no estaban dispuestos a aguantar
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