Catalunya, la desobediente, demandó justicia. Catalunya, la reivindicativa, exigió soberanía. Ante la escalada del conflicto, el cualificado sociólogo Manuel Castells quiso mantener un forzado resquicio de esperanza escribiendo: “Si el 1 de octubre apareciese un destello de clarividencia en Madrid y se negociaran condiciones de una votación de gentes que sólo quieren decir lo que quieren ser, podríamos volver a mirar al futuro sin temer al pasado”. Era irreal. España, la nación de los viejos delirios imperiales, insistió en rendir a la Catalunya nacional. España, el Estado monopolizador de la violencia, se empeñó en reprimir a la ciudadanía catalana en cuanto saliese libremente a la calle. Con unos “antidisturbios” que para evitar que la gente se expresase se dedicaron a pegar, intimidar, patear, disparar y aterrorizar.
El Presidente del Gobierno lo ha tenido claro, sin embargo: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley”. Y punto. Cuarenta y ocho horas después del Día del Entusiasmo Catalán y la Ignominia Represora, Felipe VI proclamó —con amenazante catalanofobia— que: “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”. Una afirmación que la fina intuición de Iñaki Gabilondo entendió acertadamente que “no era ni un pronóstico, ni la expresión de un deseo, era de hecho una orden a esas autoridades del Estado”. Una declaración de guerra. Un discurso para fabricar realidad política. La señal esperada que había de galvanizar de inmediato a los poderes fácticos. Empezaba la inflexión del procés: el bloque monárquico españolista está cerrando filas dispuesto a todo, pero “con mesura”.
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