Un millar de juristas catalanes, entre catedráticos, profesores y abogados adscritos a distintas asociaciones e independientes, ha considerado "presos políticos" a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural y ha exigido su puesta en libertad.
En un manifiesto, señalan que el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart "no responde a criterios legales sino a un uso ideológico del Derecho que supone la quiebra del principio de separación de poderes, el uso partidista de la Fiscalía y la vulneración de derechos fundamentales".
Sostienen además que los hechos por los que se investiga a Sànchez y Cuixart –la protesta y el destrozo de tres coches de la Guàrdia Civil el pasado 20 de septiembre frente a la conselleria de Economia y el supuesto entorpecimiento del registro que allí practicaba el Instituto Armado– "no pueden constituir un delito de sedición sino un libre ejercicio del derecho de manifestación".
También consideran que ni se dan los supuestos que marca la ley para ordenar la prisión provisional y sin fianza de ambos líderes y que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar un presunto delito de sedición.
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También consideran que ni se dan los supuestos que marca la ley para ordenar la prisión provisional y sin fianza de ambos líderes y que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar un presunto delito de sedición.
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