En un Estado de derecho la legalidad siempre va a triunfar sobre la legitimidad, como está ocurriendo con el conflicto catalán. Lo que determina la calidad democrática de un sistema político es la distancia que separa ambos conceptos, y aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enmiende la plana en un futuro al Estado español, ya dará igual porque una vez más el proceso judicial es en sí la condena
En el año 1209, durante la cruzada albigense, la ciudad francesa de Beziers fue tomada por las tropas papales. Estando ya los soldados dentro de la ciudad y con la orden de ejecutar a todos los seguidores de la doctrina cátara, surgió el problema de identificar qué personas eran las que habían permanecido fieles a “la verdadera fe” y cuales habían abrazado la herética, puesto que una vez tomada la ciudad todos sus ciudadanos y ciudadanas se declaraban fieles al papado de Roma. Cuentan las crónicas que Arnaldo Amarlic, arzobispo francés, y a la sazón inquisidor, legado de Roma y jefe de operaciones en el asedio, ordenó ejecutar a toda la población bajo la fórmula: “Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos”. Así se hizo.
Parece ser que el Gobierno de Rajoy, y sus palmeros, han asumido la “doctrina Amarlic” a la hora de afrontar el “asunto catalán”. Y ello porque el artículo 155 de la Constitución española se lo permite, con esa fórmula tan indeterminada y por ello peligrosa en manos del poder ejecutivo, por la que se habilita al mismo a adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de lo que consideren oportuno. En aras de ese “rodillo constitucional” no ha habido distinciones entre independentismos, derecho a decidir o voluntad de diálogo en el debate político. Tampoco hizo distinciones la policía en sus cargas del 1-O entre hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, violentos o pacíficos.
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