Con la noción de corrupción sucede como con las de derechos humanos y democracia, se han convertido en significantes comodín, usados de acuerdo a intereses precisos, generalmente dirigidos a desestabilizar países y estigmatizar líderes no gratos para los centros de poder. Nadie niega que la corrupción es un problema apremiante, grave y permanente, tanto en América Latina como en el resto del mundo. La cuestión radica en quiénes y cuándo visibilizan el asunto y con qué fines.
No es casual que “la lucha contra la corrupción” sea parte de la agenda central de conglomerados de la comunicación a nivel mundial y de gobiernos de abierta política intervencionista como el de EE.UU.[i]. Pareciera existir un acuerdo blindado entre organizaciones que filtran datos, actores políticos de alto nivel y medios de comunicación para posicionar en el sentido común la necesidad de “hacer justicia” y vencer la corrupción, pero sólo en ciertos países y regiones, y de acuerdo a una muy conveniente y superficial noción de corrupción[ii]. Muestra palpable e inmediata es que el tema central de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Lima en abril de 2018, será “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”
La judicialización de la política es una de las tácticas de esta estrategia bien concertada para atacar liderazgos que han desarrollado políticas progresistas.
De acuerdo a los sondeos de Cifras y Conceptos de febrero de 2017, de los tres temas que más indignan a los colombianos la corrupción está en la primera posición con el 71%, seguida por la situación de la salud con el 52% y el bajo salario mínimo con el 33%.
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