El 28 de junio del año 2009, cuando Honduras iniciaba un camino propio, alejada del neoliberalismo y se hermanaba con el progresismo latinoamericano que emergía en Suramérica, el presidente Manuel Zelaya sufre un golpe de Estado. Un golpe de Estado ordenado desde Estados Unidos y ejecutado por la oligarquía, tal como sucedió en Paraguay y en Brasil; llevados a cabo por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
Buitres afines al poder del capital, dictaduras que se imponen con nuevos modelos operacionales, que tienen el centro de la logística en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral y; que son manipuladas por los medios de comunicación corporativos que son base para mantener vigente el sistema actual, engañando a la población.
Honduras, ubicado en el triángulo norte de Centroamérica, tal como Guatemala y El Salvador, es uno de los tres países más explotados de Latinoamérica, en las últimas décadas. El negocio de las multinacionales ha realizado ecocidios que han terminado con pueblos enteros. Comunidades que se ven obligadas a emigrar de forma irregular hacia Estados Unidos porque el país los obliga. En Honduras, las muertes de defensores de Derechos Humanos y del medio ambiente, se igualan a las de Colombia. Las cifras de los feminicidios son abrumantes.
País base en el tráfico de droga desde Colombia hasta Estados Unidos, y nos han contado el cuento al revés, cuando nos dicen que Estados Unidos firmó un convenio para la erradicación de la misma en el triángulo norte de Centroamérica con el Plan Alianza para la Prosperidad: no, esto lo único que busca es militarizar la zona y dejarla al mando de las clicas criminales del gobierno, para dar paso al tráfico de droga, de personas y a la explotación minera; desapareciendo y asesinando a cuanta persona se ponga en contra, tal como sucede en Colombia con el Plan Colombia y en México con el Plan Mérida y el Plan Frontera Sur.
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