No es posible hablar con propiedad de las urgencias de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR, sin antes hacer un breve recorrido por su historia. UNASUR está a poco de cumplir once años de su creación.
La institución, ya desde sus inicios y a través de una fuerte convicción y decisión política, aspiró a configurarse como un organismo que permite “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”. Así versa el Tratado Constitutivo del organismo que entró en vigor el 11 de marzo de 2011.
Al culminar 2017, ¿cuál es el balance que se hace de estas premisas? ¿Se cumplieron o no sus objetivos? ¿Se trabajó en pos de la integración? ¿Cuáles son los resultados? Como todo en esta vida, las respuestas serán según el lado desde donde se mire (derecha o izquierda, arriba o abajo, gobiernos progresistas o gobiernos neoliberales).
De hecho, desde la mirada de arriba[1] se pinta un organismo estéril, en el cual pareciera que no vale la pena seguir participando (acaso estos mismos intereses provocaron la parálisis ejecutiva de la cual se trata de salir y no se lo permiten). Desde las izquierdas, ven un organismo que logró cohesiones y propuestas, que mostró en varios momentos un Sur unido.
Ahora bien, bajo esas dos visiones contrapuestas, ¿a quiénes creer o cuál visión seguir? Difícil decisión, salvo que se presenten los hechos – en general poco conocidos por la opinión pública – con la mayor neutralidad posible. Así, en los últimos 4 años:
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