Los pueblos indígenas de Argentina cerraron un año en el que han enfrentado numerosos intentos de despojos de sus territorios, que implicaron represiones, criminalización, cárcel y asesinatos. La embestida contra el pueblo mapuche tuvo sus paralelos, aunque con menor difusión, en Formosa, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, entre otras provincias. La prórroga de la ley 26.160 (que debiera frenar los desalojos) está entre las buenas noticias. La peor: el asesinato de Rafael Nahuel y la represión al Lof Cushamen (con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Pobreza y derechos humanos”, en el que determinó que la pobreza afecta al 43 por ciento de los indígenas del hemisferio. La CIDH detalló que los pueblos indígenas padecen los peores índices de analfabetismo, desnutrición, dificultades para acceder a cuidados médicos, y obstáculos para acceder servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas. Son los marginados entre los marginados.
Los pueblos indígenas viven en carne propia esas estadísticas desde hace décadas y apuntan al fondo del asunto: la causa de sus males es el despojo de territorios (de la mano del agronegocio, forestales, mineras, petroleras, grandes obras de infraestructura), la violación sistemática de las leyes que los beneficia, la total falta de políticas públicas para que puedan desarrollarse y el racismo estructural.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada