En la zona norte de Honduras la represión contra líderes populares y defensores y defensoras de derechos humanos se agudiza a tal punto de ser víctimas de exposición pública por grupos desconocidos, quienes han creado mecanismos de divulgación para vincular a personas con el crimen organizado y hasta el narcotráfico.
Ese nuevo mecanismo de miedo empezó en San Juan Pueblo en Atlántida, allí varios líderes sociales fueron expuestos en una hoja volante con acusaciones directas de ser los responsables de causar caos a través de protestas contra el fraude electoral. Las acusaciones fueron emitidas por grupos todavía desconocidos pero llenos de mala intención, quienes buscan crear una campaña de odio y desprestigio contra todo lo que signifique oposición a la dictadura impuesta por Juan Orlando Hernández.
La dinámica se trasladó hasta el Valle de Sula en ciudades como El Progreso y San Manuel, sitios donde en los últimos meses estuvo vigente la lucha por la defensa de la soberanía territorial y también contra el fraude electoral del 26 de noviembre. En la última semana de diciembre de 2017, circuló una hoja con perfiles de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la zona.
Entre los perfiles expuestos bajo la acusación de conformar “el eje del mal” y responsabilizarlos de las protestas, saqueos y destrucción de negocios, aparecen: el diputado Bartolo Fuentes, la regidora municipal Araminta Pereira, la integrante de la Mesa Ciudadana de Indignación Karina Flores, el dirigente de los indignados Roberto Rivera, el profesor Néstor Alemán, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) y Radio Progreso, el microempresario Jorge Díaz, el alcalde de San Manuel, Arturo Castro y el dirigente popular Reiniery Godoy.
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