Tras horas de intensa negociación el Tribunal Constitucional ha decidido permitir la investidura de Carles Puigdemont con condiciones y sin pronunciarse sobre la petición de suspensión que había recibido del Gobierno. El tribunal ha dictado una medida cautelar que limita las opciones del candidato de Junts per Catalunya. Puigdemont tendrá que cumplir una serie de requisitos para que esa sesión se desarrolle en los términos previstos por el independentismo: aparecer en el pleno de investidura y hacerlo con autorización judicial.
En otras palabras, la advertencia del tribunal obliga a Puigdemont a entregarse a la justicia para poder reclamar su derecho a participar en la investidura prevista para el próximo martes. Una vez en España, la decisión sería responsabilidad del juez Pablo Llarena, que lleva la causa en el Tribunal Supremo. En cualquier otra condición, el pleno de investidura quedaría suspendido, según el acuerdo del TC.
En su auto, el TC es muy claro sobre las opciones del candidato de Junts per Catalunya al que prohíbe la investidura presencial, si no precede de una autorización judicial. Si Puigdemont consigue aparecer en el Parlament por sus medios, su nombramiento tampoco tendría efecto legal.
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