Según el último informe de Front Line Defenders publicado a principios de enero de 2018, 312 defensores de los derechos humanos y ambientales (DDHA) fueron asesinados en 2017, en 27 países. Más de dos tercios de ellos defendían los derechos territoriales, medioambientales y autóctonos, casi siempre en el contexto de megaproyectos, de industrias extractivas y de grandes empresas. El 80% de los asesinatos han tenido lugar en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.
Las luchas comienzan casi siempre en el contexto de megaproyectos de la industria extractiva, de la agricultura industrial o turísticos (falso ecoturismo, muy a menudo) y de otros proyectos de grandes empresas. Para los militantes se trata de defender tierras y los derechos que tienen sobre ellas los pueblos autóctonos. En el mejor de los casos, los Gobiernos y las fuerzas de seguridad se limitan a no reaccionar ante las amenazas y ataques sufridos por los defensores de los derechos humanos. En las peores situaciones para los defensores de los derechos, las fuerzas de seguridad del Estado son las responsables de las masacres.
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