El 6 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicaba uno de los mayores escándalos de la historia. Los conocidos como los Panama Papers, a los que luego les seguirían los Paradise Papers, desvelaban cientos de nombres de empresarios, políticos y personalidades de todo el planeta que usaban el bufete de abogados Mossack Fonseca –con sede en Panamá, para construir entramados fiscales a nivel mundial y evitar pagar impuestos o reducir la factura fiscal al mínimo usando paraísos fiscales y sociedades offshore en territorios opacos.
Las autoridades fiscales han recuperado más de 500 millones de dólares –418 millones de euros–, según la ICIJ, gracias a las investigaciones realizadas en base a la información filtrada en los Panama Papers. El Consorcio ha destacado que España ha sido capaz de recaudar 122 millones de dólares, 102 millones de euros, tras realizar investigaciones sobre residentes que habían acumulado dinero en sociedades y cuentas offshore en el extranjero. Según el propio ministro de Hacienda español, Cristobal Montoro, el ministerio inició 131 expedientes a 125 contribuyentes tras la publicación de las filtraciones.
Pero para el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, esta cifra que da el Ministerio es muy engañosa, ya que de esos 100 millones, casi 90 se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los investigados tuvieron la oportunidad de realizarla esquivando las sanciones, que se elevan al 150% de lo defraudado, pagando un recargo del 20% y evitando ser condenados por delitos fiscales.
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