Si se quiere que el documento en el que está escrita la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU relativa a las colonias israelíes ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados tenga algún valor, deben tomarse ciertas medidas concretas y materiales. De lo contrario, el fracaso en actuar lo hará inútil.
En primer lugar, debe producirse una seria revisión de la pertenencia de Israel al organismo mundial. Desde que fue establecido en la tierra de Palestina, los líderes de Israel han proyectado a su país como si se tratara de algo excepcional y por lo tanto tuviera derecho a un trato especial. Israel es ciertamente único; es el único Estado del mundo que debe su propia existencia a una resolución de la ONU – 181 (II). Sin embargo, su condición de miembro es condicional y lo sigue siendo.
Al ingresar en el organismo mundial, la nueva entidad se comprometió solemnemente a respetar la Resolución de Partición de Palestina de la Asamblea General y el estatus especial de Jerusalén que ésta contiene. Esto incluía el requisito de permitir que los refugiados palestinos regresaran a sus hogares y tierras. Israel, sin embargo, ha incumplido estas condiciones. Por lo tanto, la ONU está en su derecho de suspender a Israel de participar en todos sus órganos e instituciones, como lo hizo con el régimen sudafricano de apartheid en 1974 y con la ex Yugoslavia en 1992.
Después de décadas mirando para otro lado, ahora existe una creciente comprensión entre los líderes occidentales de que el excepcionalismo de Israel es en realidad un factor desestabilizador, no sólo en Oriente Medio, sino también cada vez más en el propio Occidente.
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