Una de las ideas políticas centrales del liberalismo ha sido, en sus inicios, la del contrato social. Según ésta, los individuos debemos abandonar una suerte de “libertad absoluta” para ceñirnos a una sociedad con obligaciones y derechos, conocida como “Estado”. Estado que, según los “nuevos” liberales, debe ser cada vez más pequeño, las obligaciones más estrictas y los derechos más relativos.
Aunque la vieja imagen parece haber triunfado en las realidades institucionales del mundo de hoy, dicho contrato no existe, ni existió nunca. Nadie le pregunta al recién nacido por sus preferencias y no se permite a nadie abandonar el modelo, salvo a través de la sublevación. Por lo demás, lo escrito casi nunca se cumple, salvo que convenga al poder.
Si bien la constitución de los estados fue un avance sobre el ejercicio impune de la fuerza bruta, lo que parece perdurar es el destrato social. El poder, hoy transnacional y violento aunque más sutil, continúa coaccionando a los pueblos, sometiéndolos a sus designios minoritarios y mezquinos.
Aún así, ¿estamos mejor o peor que hace cien años?
El desarrollo humano suele medirse en la actualidad a través de la combinación de tres variables, una de tipo económico y dos de tipo social, íntima- aunque no automáticamente ligados entre sí. El producto bruto interno (PBI) per cápita, es decir el ingreso total de un país dividido por la cantidad de sus habitantes, da una medida aproximada de la capacidad económica disponible en general. La expectativa de vida al nacer, fruto de complejas variables relacionadas con la salud de la población, es otra componente del índice. La tríada se completa con la educación, en cuya fórmula se incluye los años esperados de escolaridad en niños y la alcanzada por adultos mayores de 25 años.
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