El incremento de la violencia hacia activistas ambientales y personas defensoras del territorio en México ha disparado las alertas de organismos internacionales, que han denunciado el deterioro de los derechos humanos durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto. La criminalización y el hostigamiento, en los que se observa un fuerte componente de género, se han vuelto frecuentes en territorios con presencia de empresas extractivas, que ponen en riesgo las formas tradicionales de vida en las comunidades, y en los que se advierte una preocupante impunidad que niega el acceso a la justicia y abre la puerta a la repetición.
La crisis de derechos humanos con la que diversos organismos internacionales han definido la situación que vive México se distingue de manera alarmante en el ámbito del activismo medio ambiental, donde en los últimos ocho años se ha documentado casi medio centenar de asesinatos de defensores de la tierra. La concentración de homicidios en los últimos años da muestra de la vulnerabilidad que ha afectado a este colectivo de activistas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
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