Los ciudadanos económicamente débiles y las familias vulnerables necesitan de lo público para acceder a una vida modestamente digna.
El Gobierno responde a los déficits públicos reduciendo las prestaciones sociales y nunca recuperando los ingresos. Así sucede con las pensiones, con la sanidad, con la educación, con la dependencia, con los servicios básicos, con las viviendas sociales, incluso con la cultura. Las jubilaciones y pensiones se recortan en su cuantía y en su cálculo, la salud de los ciudadanos se debilita reduciendo las plantillas de la seguridad social, quitando camas y deteriorando la atención hospitalaria, la educación de los españoles se estrecha bajando cuantías y cantidad de becas, echando docentes y construyendo barracones en vez de colegios, la cultura de todos se empobrece quitando todo tipo de ayudas y la atención a los dependientes se deteriora y mueren antes de poder acceder a las subvenciones que la ley les reconoce.
El Gobierno vende a los fondos buitres las viviendas de protección social de familias vulnerables con alquileres subsidiados, desahucia a inquilinos y se desprende de la obligación de procurar suministros básicos como los energéticos creando pobreza vital. La austeridad perversa de las políticas económicas castiga con inusitada virulencia desde hace 10 años a una fracción mayoritaria de ciudadanos y familias españolas provocando una desaparición paulatina y constante de prestaciones públicas.
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