“La fuimos a visitar”, “tu problema tiene solución, pero mañana tempranito amanece en el Banco”, “¿cómo podemos ayudarle a mi amigo?”. Los audios difundidos desde el 6 de noviembre pasado por la radio ABC Cardinal en Paraguay son explícitos. Allí se escucha cómo políticos acuerdan con sobornos o amenazas a fiscales y jueces el avance o no de causas judiciales. “El costo político para el Partido Colorado, sobre todo para el sector del presidente Horacio Cartes, podría ser muy grande”, dice en entrevista con NODAL Guillermo Ferreiro, abogado paraguayo en derechos humanos denunciante contra los implicados. El escándalo no tiene precedentes y, según advierte Ferreiro, podría llevar a investigar qué sucedió con las pruebas desaparecidas de la Masacre de Curuguaty, que acabó en la destitución del exmandatario Fernando Lugo y la sentencia a prisión de campesinos y campesinas.
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| Entrevista a Guillermo Ferreiro, abogado paraguayo en derechos humanos
El impacto en el ámbito cercano a la presidencia fue inmediato. A fines de diciembre fue destituido el senador cartista por Honor Colorado-Partido Colorado Oscar González Daher, por ser el principal operador: era el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano encargado de sancionar a los magistrados que se apartan de la legalidad en el ejercicio de sus funciones. Pero, en su lugar, los presionaba o coimeaba. Así, por primera vez en la historia del país, se expulsó a un parlamentario elegido por el voto popular. Las repercusiones dentro del ala de Cartes continuaron cuando se realizaron las internas del partido: el stronista Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete) fue electo para disputar la presidencia el próximo 22 de abril, tras imponerse ante el candidato oficialista Santiago Peña.
Las imputaciones a Daher son por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal y pesan también sobre su secretario, Fernández Lippmann, el exsenador –renunciante- Jorge Oviedo Matto (Unace) y hasta el fiscal general de la Nación, Javier Díaz Verón, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Hay, además, dos abogados a quienes se los acusa de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal. Uno de ellos es Carmelo Caballero, exministro del Interior durante el gobierno de Federico Franco, acusado de ocultar evidencia de la Masacre de Curuguaty.
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