El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma hemos estado siguiendo de cerca este proceso, y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas, y ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales.
Es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la Ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley, tales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las “devoluciones en caliente”.
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