El problema de América Latina es la corrupción, pero no la corrupción “a secas”, sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o posneoliberales[1]. Lo aseveran los think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas sobre lo que “sucede” en la región[2]. Lo advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump[3]. Aseguran que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un puñado de funcionarios de gobierno corruptos.
Agrandaron el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el único objetivo de “saquearlo” luego. Privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, los funcionarios y políticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero, son por definición corruptos y además ineficientes.
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