El acoso de más de medio millar de ultras a la asamblea que el 24 de septiembre reunió en Zaragoza a 400 cargos públicos para tratar de buscar una salida política al proceso soberanista catalán ha quedado impune: las eventuales infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana cometidas por quienes participaron en la concentración no autorizada prescriben este sábado, y las pesquisas para identificar al autor del botellazo que sufrió la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, están archivadas “por falta de autor conocido”.
La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza no ha abierto ningún expediente de ‘ley mordaza’ a ninguno de los quince participantes en la concentración ilegal que llegaron a ser identificados por la Policía (uno de cada 40), según confirmaron fuentes de la institución. “No abrimos nada porque no nos ha llegado nada, ni de la Policía ni de ningún juzgado”, señalaron.
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