El pasado fin de semana el fiscal jefe de Catania (Italia) ordenó inmovilizar el barco de la ONG Proactiva Open Arms. Lo hizo tras acusar al personal al mando de la nave de asociación criminal y promoción de la inmigración clandestina. La embarcación continúa en estos momentos en el puerto de Pozzalo, una pequeña localidad al sur de Sicilia, a la espera de que la justicia italiana decida qué hacer con ella.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué una ONG especializada en salvar vidas en el mar se enfrenta a un posible proceso judicial por su actividad en el Mediterráneo central? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en los últimos meses en esta frontera, la más mortífera del mundo según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)?
Este memorándum y sus ampliaciones posteriores tienen el objetivo de evitar a toda costa las llegadas de barcos con migrantes y solicitantes de asilo a las playas italianas y, en la medida de lo posible, impedir su salida desde Libia. Igual que en 2016 se hizo con Turquía, la intención es externalizar las fronteras comunitarias y llevarlas más allá de lo que indican los mapas. También lejos de los medios de comunicación europeos.
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