dimarts, 6 de març del 2018

HONDURAS: COPINH, 25 años de resistencia indígena en Honduras


El COPINH convocó los días dos y tres de marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el país y a escala global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la líder ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres, asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se hallaba también el activista mexicano Gustavo Castro Soto, que resultó herido de bala y es el único testigo de los hechos. La convocatoria denuncia que el Estado de Honduras capturó a los autores “materiales” e “intermedios” del crimen, pero no a aquellos sobre quienes recae la autoría intelectual: empresarios y funcionarios estatales. En el municipio de La Esperanza, donde hace más de dos décadas se fundó el COPIN, la organización comunitaria ha convocado entre el 22 y el 24 de marzo el Encuentro “25 años por la Vida y la Justicia”. 




El informe “Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta” de la ONG Global Witness destaca que entre 2009, año del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, y enero de 2017 fueron asesinados 123 activistas por la defensa del territorio en Honduras. En cuanto a la hidroeléctrica Agua Zarca y DESA, la investigación apunta algunos vínculos con altas instancias de poder. Por ejemplo, en la documentación de DESA figura como secretario Roberto Pacheco Reyes, quien fue ministro de Gobernación y Justicia en el Gobierno de Honduras; y como vicepresidente de la sociedad mercantil, Jacobo Nicolás Atala, presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic Honduras y miembro de una de las grandes familias de la oligarquía, los Atala. Además, 18 defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y periodistas beneficiarios de medidas cautelares fueron asesinados entre 2009 y 2016, según el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a los estados la adopción de estas medidas en situaciones de riesgo para personas o colectivos. Una de las asesinadas fue Berta Isabel Cáceres.

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