La oposición arrecia sus acciones en contra del Gobierno boliviano, con estrategias de confrontación callejeras que suponen una apuesta mayor en la ofensiva conservadora. De los ataques mediáticos del 2016 (apoyados en las redes sociales), han pasado a convocar a sectores urbanos que, volcados en las calles, han impactado en la cotidianidad de las ciudades, al punto de hacer retroceder decisiones estatales como las incluidas en el nuevo código penal[1]. Hasta el momento, la gestión estatal liderada por el Movimiento al Socialismo-MAS ha soportado esa ofensiva conservadora interna (y los vientos reaccionarios en toda la región), pero todo indica que la conflictividad apenas comienza.
La estrategia opositora -apoyada desde el exterior y centrada en ataques personales al presidente Evo Morales- utiliza ideas de la democracia formal, que luego enarbolan medios de comunicación y cámaras empresarias. A esto ha sumado, en los últimos meses, el uso de un sujeto de disputa que identifican como “la ciudadanía” encarnada en grupos corporativos (médicos, transportistas y ONG) que tomaron las calles y dinamizaron la estrategia de descrédito mediático utilizada en el referéndum 2016. Las huelgas, los inicios de alianzas en la oposición, las protestas callejeras e intensos ataques por redes sociales,son acciones que pueden calificarse como la antesala de una ofensiva mayor, a poco más de un año para las elecciones.
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