La semana pasada España asistió a cómo el sistema judicial, apoyado por el Gobierno y gran parte de los diputados –PP, PSOE y Ciudadanos– trataban de imponer a la sociedad una idea de violencia que no respondía más que al empeño por criminalizar las manifestaciones y los pasos de los independentistas catalanes. En aquellos cuatro días, los papeles estelares, además del juez Pablo Llarena y el PP, fueron para dos políticos socialistas: José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, y Miquel Iceta, primer secretario del PSC. El primero comparó a los independentistas con movimientos armados latinoamericanos; Iceta habló de la posibilidad de “un enfrentamiento civil”·.
Todo ello respondía la necesidad de justificar el procesamiento de los líderes políticos independentistas por el delito de rebelión. Más allá de que dicha acusación carece de toda base jurídica, la forma en la que la mayoría de los políticos españoles y de los medios de comunicación la apoyaron dibujaba un panorama que podía derivar hacia lo grotesco o hacia una transformación brutalizante de la justicia, algo que no sorprendería a nadie dados los últimos pasos en recortes de las libertades individuales en España. Por lo que parece, y por ahora, la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad a Puigdemont ha puesto freno a la locura represiva en la que estaba entrando el país. Por ahora.
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