Hungría, gobernada por la derecha racista de Viktor Orban, siempre se ha distinguido por su política antiinmigrante (basta pensar en la barrera de alambre de púas construida en 2015 en la frontera con Serbia), pero ahora también está siendo duramente combatida por quienes la ayudan: de hecho, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que prevé hasta un año de prisión para quienes ofrezcan alimentos, asesoramiento jurídico y asistencia a los inmigrantes irregulares que solicitan asilo en el país y amenaza con prohibir a las ONG activas en este campo, tachándolas de “agentes extranjeros”. El proyecto de ley también incluye una enmienda a la Constitución para impedir que los países europeos devuelvan al país a los migrantes y solicitantes de asilo.
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| Médicos sin fronteras
A pesar de su dureza, la iniciativa del Gobierno húngaro no está aislada y podría incluso servir de modelo para sus admiradores locales, Salvini a la cabeza. Otros países “fronterizos”, como Italia, Grecia, España y Francia, se han comprometido desde hace mucho tiempo a una verdadera criminalización de la solidaridad, a pesar de que los métodos utilizados hasta ahora son menos llamativos y “vergonzosos” que los previstos en el proyecto de ley húngaro.
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