La política fiscal es la rama perteneciente a la política económica que se centra en la obtención (ingresos públicos) y redistribución (gasto e inversión pública) de los recursos con los que cuenta un Estado. Entre los principales objetivos de la política fiscal se encuentran el de estabilizar la economía mediante políticas contracíclicas, cambiar la estructura económica del país dirigiendo las inversiones, el gasto público y la política tributaria a unos determinados sectores, y el de garantizar una distribución más justa y equitativa de la riqueza mediante la intervención sobre la distribución primaria del ingreso.
Es este último objetivo el que toma una especial importancia en América Latina, región que sigue siendo la más desigual del mundo. No es que los demás no tengan importancia sino que, teniendo en cuenta las características estructurales de la distribución del ingreso en la región, los mecanismos con los que nos dota la política fiscal adquieren una mayor relevancia, si cabe.
Sin embargo, a partir del reciente informe publicado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el título “La ineficiencia de la desigualdad”[1], se concluye que la política fiscal no reduce la desigualdad en la región. Esto se debe a que la capacidad que tiene la política fiscal para reducir la desigualdad depende directamente de la composición y la cuantía de los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales se obtienen principalmente por dos vías: 1) mediante la recaudación tributaria, generalmente en forma de impuestos o, 2) a través de la recaudación no tributaria -en el caso de la región latinoamericana destacan los ingresos provenientes de actividades ligadas al petróleo, gas o minería-.
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