Faltando escasos días para que se celebren las elecciones federales (Presidencia, Senado y Cámara Baja) y locales en México (Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías), se puede hablar de todo menos de normalidad democrática. En una campaña que cuenta ya con más de 400 agresiones y 116 asesinatos de políticos y candidatos, vemos cómo la crisis se cierne sobre un país incapaz de salir de la espiral de violencia de la era Peña Nieto.
A los altos niveles de violencia se suman a los escándalos de corrupción que se hicieron públicos durante la campaña, con acusaciones que afectan fundamentalmente a los dos candidatos del establishment. Por un lado, José Antonio Meade (Todos por México), quien recientemente fue señalado por un desfalco millonario por parte de Odebrecht a Petróleos de México (Pemex) mientras fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex, en el sexenio de Felipe Calderón[i]. Y, por otra parte, la acusación de fraude fiscal que ronda sobre Ricardo Anaya (Por México al Frente), casi desde el inicio de la contienda.
El agotamiento del modelo y el deseo de cambio de la sociedad mexicana (que en un 80% rechaza el Gobierno del PRI, y reivindica el cambio político –según los datos del último Latinobarómetro)– le han permitido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantener un crecimiento sostenido en intención de voto para la Presidencia, con escasas fluctuaciones, desde que comenzó la campaña electoral.
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