Este domingo 26 de agosto 36.421.026 millones de colombianos y colombianas podrán votar en la Consulta Anticorrupción. Ésta fue impulsada por la bancada de políticos progresistas (en especial, por el Partido Verde) del Congreso de la República desde la anterior legislatura. En ella se pregunta a la ciudadania si está de acuerdo con realizar siete cambios en algunas prácticas del sistema político (que se analizarán más adelante) para dar comienzo a una etapa de control a los políticos, en un escenario dominado por el clientelismo mercantil, con un Gobierno con prácticas tradicionalistas y en estrecho vínculo con los empresarios-contratistas del Estado.
Para que la Consulta sea aprobada se requiere pasar dos umbrales electorales: el primero, correspondiente al tercio del padrón electoral (más de 12.140. 342 de votos), y un segundo umbral en cada una de las siete preguntas, debiendo superar la mitad más uno de los votos positivos. El primero es difícil de alcanzar, puesto que los partidos tradicionales encabezados por el Centro Democrático (el uribismo) está en contra de la Consulta y no han movilizado a sus electores para impedir que se logre el umbral. Por su parte, el presidente Duque ha hecho tímidos anuncios de apoyo a la Consulta y la prensa no realizó un despliegue mediático suficiente como para movilizar la votación.
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