Toda escena política tiene sus formatos, tiempos y tendencias de evolución. Hay, sin embargo, acontecimientos que aceleran algunas particularidades del sistema, con consecuencias directas sobre los gobiernos. Hace unos años que, en un sentido general, las derechas latinoamericanas han advertido que para poder tener chances políticas frente a los gobiernos progresistas resulta fundamental tener, por ejemplo, presencia en las calles. Ocupar presencialmente, de la forma que sea: en un formato casi sanguinario, como las guarimbas en Venezuela; sea con movilizaciones de supuesta congoja moral, a la manera de un “conmoción nacional”, como las derivadas a propósito de la muerte del fiscal A. Nisman en Argentina; o las multitudinarias parades reaccionarias, con sectores VIP, merchandising y una logística sorprendente, como las que se vieron como preparativos al impeachment a Dilma Rousseff en Brasil.
En Uruguay, la derecha también ha estado explorando los potenciales elementos de desequilibrio del sistema político, de forma tal de tener mejores chances en la disputa presidencial del 2019, una competencia que le ha sido esquiva desde el 2004. Porque algo está claro: de mantenerse el formato presente de la disputa, con la legitimidad actual de los actores y los puntuados temas de la agenda política, hay bastantes probabilidades de que el Frente Amplio vuelva a vencer en las presidenciales del año que viene. De allí los ensayos opositores en Uruguay: tanto en lo que se refiere a los temas que se intentan instalar como prioritarios en la esfera pública (con la estridencia del determinados acompañamientos mediáticos), como los perfiles de los candidatos opositores, las “calles” ganadas por ciertos grupos sectoriales (como la protesta agropecuaria de principios de este año) o bien lo que puede convulsionar la presencia reciente de algunos militares en las consideraciones de los asuntos público
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