La violencia antigitana organizada y los desalojos dirigidos por autoridades públicas afiliadas a la extrema derecha azotan las comunidades romaníes en Ucrania. La inacción de las autoridades justifica la impunidad de los perpetradores y niega los derechos humanos más fundamentales a las familias romaníes sólo por una razón: su pertenencia cultural.
El 15 de julio un jardín de infancia y una iglesia romaní fueron quemadas en Zakarpattia. El 2 de julio, una mujer romaní fue apuñalada en la misma región. El 23 de junio, una comunidad romaní a las afueras de Lviv fue atacada por un grupo de jóvenes enmascarados, mataron a un hombre de 24 años e hirieron a otros cuatro, incluido un niño de 10 años. El 7 de junio, otra comunidad romaní asentada en Kiev fue amenazada. La comunidad, compuesta por 60 personas, solicitó protección a la policía y se les denegó. Finalmente, tuvieron que salir huyendo. El 24 de mayo, el abogado que defendía el caso de un hombre romaní asesinado por un funcionario público en Jarkov, fue agredido en su oficina. Tres personas lo instaron a dejar de defender a los "gitanos"...
La sociedad civil ucraniana reclama la necesidad de garantizar un contexto de seguridad para la población romaní ucraniana y recuerda que la investigación efectiva de todos los ataques es de gran importancia para el país. Zola Kondur (Fondo de Mujeres Romaníes “Chiriklí”) concluye que “las autoridades deben comprender el peligro que supone la impunidad de las acciones de estos grupos radicales”. Organizaciones como Minority Rights recuerdan que "el silencio de la policía nacional y el hostigamiento que involucra a funcionarios públicos, fomenta una cultura de impunidad”. El Consejo de Europa ha condenado los ataques a campamentos romaníes y el Centro Europeo de Derechos Romaníes junto con el Centro Nacional Romaní llevarán a la Policía Nacional ucraniana ante los tribunales.
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