Los delitos cometidos por miembros del clero han pasado durante siglos bajo la vara del secretismo más hermético. Por el simple hecho de pertenecer a una comunidad amparada por un halo de espiritualidad, virtud y autoridad moral –el arquetipo de toda institución de carácter religioso- los hechos vergonzosos de abuso sexual, político, social, laboral y económico han sido acallados con la complicidad de la sociedad, pero también tolerados por los sistemas de justicia, hasta cuyas cortes recién comienzan a aparecer los sindicados.
El informe de más de mil trescientas páginas producido por el gran jurado de Pensilvania menciona casos aterradores de pedofilia, pornografía infantil, abortos forzados y otros delitos cubiertos por el silencio eclesiástico durante más de 70 años. Sin embargo, los crímenes bajo las cúpulas, en el amparo de los conventos y las gruesas paredes de los monasterios vienen desde muy atrás y han contado con una histórica garantía de impunidad. Ahora, cuando comienzan a salir a la luz pública estos hechos, también va tomando cuerpo la sanción moral de una comunidad de feligreses no dispuestos a tolerarlos.
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