Se trataría de un organismo con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado, para que así su actuación fuera realmente operativa y generara la necesaria confianza en la ciudadanía
Suele decirse que uno de los problemas principales con que se encuentran los derechos sociales tiene que ver con la falta de mecanismos que garanticen su eficacia y protección. En mi opinión, esta afirmación es cierta, siempre que tal ausencia se relacione con voluntades políticas y no con razones de imposibilidad estructural, institucional o económica. Entonces, el reto de tomarse los derechos en serio implica pensar y estructurar instituciones para su garantía y promoción. Pongámonos a ello.
Podría pensarse en la creación de un organismo público con plena capacidad pública y privada, así como con autonomía orgánica y funcional, con competencias para promover y garantizar los derechos sociales. Llamémosle, por ejemplo, la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Sociales. Se trataría de un organismo con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado, para que así su actuación fuera realmente operativa y generara la necesaria confianza en la ciudadanía.
Se configuraría, pues, como un órgano independiente que debe actuar siempre movido por criterios técnicos -la protección de los derechos sociales y nada más- y neutrales con relación a las diversas opciones políticas que en cada momento estén en el Gobierno o en el Parlamento.
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