Luiz Inácio Lula da Silva sí es un transgresor, pero no de las leyes de su país, ni de los valores éticos que más admiran las personas de bien en el mundo.
Por su conducta pública y personal, parte importante de su pueblo desea llevarlo, por tercera vez, a la presidencia de Brasil, una de las naciones con mayores potencialidades de desarrollo material y humano.
Lo que Lula transgredió fue uno de los dogmas más sagrados para el capital transnacional que hoy enarbola las ideas del neoliberalismo: el Estado no está para promover programas asistenciales de largo aliento a favor de los pobres.
Durante sus dos mandatos como Presidente, cometió el “crimen” de redistribuir enormes riquezas del Estado brasileño, con el noble fin de mitigar el hambre y la pobreza de millones de sus compatriotas.
Cumplió en un altísimo grado esta promesa que asumió al tomar posesión de la Presidencia, en enero de 2003: “Si termino mi mandato y todo brasileño desayuna, almuerza y cena, habré cumplido la meta de mi vida”.
Eran en ese momento 54 millones de personas las que necesitaban satisfacer el derecho humano a la alimentación segura. Cuando concluyó su segundo mandato presidencial, el país había sacado de la pobreza a cerca del 30% de las familias que vivían en esa condición, casi eliminó la pobreza extrema y sacó a Brasil del Mapa del Hambre, que elabora la ONU.
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